La ACLU de Virginia está demandando al alguacil del condado de Culpeper, Scott Jenkins, y a la Junta Local de Supervisores por un acuerdo para usar los recursos del condado para hacer cumplir las leyes federales de inmigración, que no está autorizado.
El Alguacil Jenkins firmó el contrato la Oficina de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE), conocido como acuerdos 287(g), en abril. Para cumplir con este acuerdo, los oficiales del alguacil están delegados la responsabilidad de realizar ciertas funciones de los oficiales de ICE, como cuestionar a las personas sobre su estado de inmigración y detener a individuos como si estuvieran bajo la custodia de ICE.
Virginia es un estado que sigue la “Regla Dillon,” que limita los poderes de los gobiernos locales, que solo tienen autoridad para tomar acciones específicamente autorizadas por la Constitución o la legislatura del estado. Ni la ley, ni la constitución estatal, autoriza a las localidades a asumir voluntariamente la responsabilidad de hacer cumplir la ley federal de inmigración directamente o gastar los impuestos locales para hacerlo.
“Esto no es complicado,” dijo Eden Heilman, directora legal de la ACLU de Virginia. “Si la constitución del estado o la Asamblea General no han dicho a las localidades: 'Usted puede hacer esto,' no se puede hacer.”
La demanda, presentada hoy en el Tribunal de Circuito del Condado de Culpeper, es el resultado de una asociación pro bono entre la ACLU de Virginia y McGuire Woods LLP. El Alguacil Jenkins está identificado como acusado en la demanda, porque es el oficial local que dio su consentimiento para el acuerdo 287(g). La Junta de Supervisores es un acusado en la demanda porque es la entidad que asigna fondos para el departamento del alguacil, que se está utilizando sin autoridad para hacer cumplir la ley federal de inmigración.
