Conduciendo a través de Virginia, uno podría notar pequeñas señales verdes y blancas por el lado de la carretera, generalmente cerca de pequeños arroyos o ríos. Típicamente dicen, "Dejando X-Entrando Y." La mayoría de las personas raramente piensan en estos pequeños signos. Pero, para algunos virginianos, hay dos condados donde estos signos modestos predicen problemas serios por delante.

En los condados de Prince William y Culpeper, los hispanos corren un riesgo mucho mayor de ser perfilado y dirigido por la policía. Ambos condados tienen acuerdos activos con la Oficina de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE). Estos contratos, conocidos como acuerdos 287(g), permiten a los oficiales de los alguaciles locales en completar las responsabilidades asociados con los oficiales de inmigración. Estos oficiales pueden realizar entrevistas para determinar el estado de inmigración de una persona, acceder a las bases de datos federales y emitir impugnaciones, que son "solicitudes" para que una cárcel local retenga a una persona por 48 horas después de su fecha de liberación, para transferir al individuo detenido a la custodia de ICE.

Varias agencias policiales y penitenciarias de todas partes del país han firmado estos acuerdos, empezando a fines de la década de 1990, para deportar a los detenidos indocumentados de las cárceles locales. En 2006, el alguacil de Charlotte, Carolina del Norte, inicio una investigación de miembros del público en busca de violaciones de inmigración. Durante los próximos seis años, comunidades de inmigrantes estuvieron bajo el alcance de fuerzas de la ley locales y ICE, trabajando juntos. A finales de 2012, ICE decidió centrarse en el modelo de la cárcel que vemos hoy.

Los acuerdos que existen entre ICE y los condados en Virginia representan amenazas a las comunidades de color de varias maneras. Al incentivar a los oficiales a hacer arrestos cuando podrían haber emitido una citación, pueden aumentar dramáticamente la tasa de perfiles. Una investigación realizada por el Departamento de Justicia identificó un patrón de violaciones constitucionales cometidas por la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa en Arizona, incluyendo el perfil racial de los latinos, después de firmar un  acuerdo 287(g). El alguacil anterior, Joe Arpaio, rutinariamente completo "barridos" en vecindarios latinos, donde los conductores latinos tenían una probabilidad hasta nueve veces más alta de ser detenidos en comparación que los conductores que no eran latinos.

Los inmigrantes no son las únicas personas afectadas por estos acuerdos. Estos programas son caros. Aunque ICE cubre los gastos de viaje para entrenar a los oficiales locales, los gobiernos estatales y locales son responsables por los otros gastos del programa, incluyendo los salarios, las horas extraordinarias, y los beneficios de los oficiales locales. Un estudio realizado por el Instituto Brookings encontró que el Condado de Prince William tuvo que aumentar los impuestos a la propiedad y desviar fondos de las reservas para iniciar su programa 287(g) en 2009.

Además, estos acuerdos, en realidad, hacen que nuestras comunidades sean menos seguras. Cuando se sabe que la policía local automáticamente verifica el estado de inmigración, disuade a las víctimas o testigos de crímenes al cooperar con la policía local por temor a ser deportados, incluso si su presencia en los Estados Unidos (EE. UU.) está documentada.

Por último, estos acuerdos violan la constitución de Virginia. La Corte Suprema de Virginia adoptó la "Regla Dillon," que limita los poderes de los gobiernos locales a los que les dio directamente la Asamblea General. El poder de los alguaciles o de los gobiernos locales para consentir a estos contratos con ICE no está escrito en ningún lugar del código o constitución de Virginia.

A pesar de esto, en el condado de Prince William, sin autoridad legítima, la Junta de Supervisores del condado, presidida por el partidario antiinmigrante y neonazi Corey Stewart, votó en 2007 para ordenar al Departamento de Policía de Prince William que firme un contrato 287(g) con ICE, contra las objeciones del jefe de la policía local.

Comparablemente, durante el período antes que el Condado de Culpeper firmara su acuerdo 287(g) en 2017, el Alguacil Scott Jenkins dijo que era "la única persona en… [el estado] que puede firmar este acuerdo con ICE." Él trató sus reuniones con la Junta de Supervisores del condado como cortesía. Además, en estas reuniones, agentes de ICE refirieron a las personas indocumentadas como "cuerpos," una falta de respeto por la humanidad y dignidad de estos inmigrantes. Estaba claro que el intentaba firmar el contrato, aunque miembros de la junta objetarán. La ACLU de Virginia ha demandó al Alguacil Jenkins y a la Junta de Supervisores de Culpeper para deshacer este acuerdo.

No hay un problema básico con un país que impone a sus leyes de inmigración o deporte a los residentes que representan una amenaza legitima a la seguridad pública. Cuando una localidad entra en un contrato que no tiene autoridad para firmar, que sobrepasa la autoridad del alguacil, que desperdicie dinero de los contribuyentes, que facilita el perfil racial, y que está arraigada en el racismo, empiezan a surgir problemas graves. Los virginianos deben recordar que los alguaciles que operan los centros de detención locales son oficiales elegidos y funcionarios constitucionales, entonces se puede utilizar la presión política para los cambios que merecen nuestras comunidades.

La ACLU de Virginia continuará oponiéndose a estos acuerdos ilegales y racistas a través de la abogacía y litigio, con el apoyo de nuestros miembros. También apoyamos el trabajo de nuestros socios en el Centro de Justicia de Ayuda Legal (LAJC), una organización sin fin de lucros que provee servicios invaluables a los individuos y las comunidades que afectados por la aplicación de la ley de inmigración. Esperamos que pronto, junto con otras reformas, la aplicación de la ley de inmigración esté en manos de oficiales debidamente juramentados en lugar de tigres de papel.

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